El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid ha dado la razón al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid sobre su negativa a conceder licencia a Jarama Desarrollos Inmobiliarios para construir una promoción de 84 viviendas en el Cristo de Rivas.
Se trata de la segunda sentencia a favor del Consistorio sobre esta cuestión, que se suma a otra dictada en el mismo sentido el pasado mes de julio. Frente a ellas, existe otro fallo judicial que, en abril, se pronunció a favor de la constructora.
Obras de urbanización
En esta última sentencia, emitida el pasado 6 de octubre, la magistrada decide desestimar un recurso de Jarama Desarrollos Inmobiliarios interpuesto contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud de licencia de obras presentada por la constructora en enero de 2023. En concreto, se trata de la solicitud para edificar una promoción de 84 viviendas con trastero, garaje y piscina en el Cristo de Rivas.
El fallo judicial justifica su decisión en la necesidad de que la Junta de Compensación del Cristo de Rivas, cuya titularidad ostenta Jarama en un 99,3%, concluya las obras de urbanización de su competencia pendientes en el sector antes de edificar nuevas viviendas. Y menciona la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que “prohíbe expresamente la implantación de usos en los edificios en tanto no se concluya la obra de urbanización del ámbito”.
En concreto, el fallo se refiere a la red general para la evacuación de aguas pluviales (tanque de tormentas y colectores exteriores), la red de saneamiento y los viales y zonas verdes. Según señala el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en un comunicado, «conviene recordar que la red de saneamiento y evacuación de pluviales, casi veinte años después y con un importante número de residentes en el sector, a fecha de hoy aún no ha sido ejecutada totalmente y sigue dependiendo de unas lagunas de laminación que ya deberían haber sido desmanteladas, así como del colector general del barrio de Covibar, que debe soportar la totalidad de los nuevos vertidos».
En este sentido, la sentencia considera ajustada a derecho la decisión de no conceder a Jarama la simultaneidad (esto es, la posibilidad de edificar viviendas mientras se encuentran en curso las obras de urbanización), que «debe conectarse y relacionarse con la totalidad de las obras de urbanización previstas» en el ámbito, que deben concluir «no más tarde de las obras de edificación».
La jueza concluye que «la solicitud de licencia claramente infringe la normativa por no haberse concluido las obras de urbanización y sin que conste que el promotor haya asumido el compromiso expresamente que no va a ocupar ni utilizar la edificación hasta la total terminación de las obras de urbanización».
Según enfatiza a su vez el Consistorio, «no se trata de no construir viviendas, sino de que éstas garanticen los derechos que son básicos para las personas que vengan a vivir a Rivas, como una correcta red de saneamiento o de recogida de aguas pluviales».
Jarama recurrirá el fallo
A través de un comunicado, Jarama Desarrollos Inmobiliarios ha anunciado que recurrirá la sentencia y considera que existe un «trato discriminatorio» hacia la empresa por parte del Ayuntamiento de Rivas. Recuerda que el pasado mes de abril otro juzgado (el Contencioso-Administrativo número 9) falló en sentido contrario, estableciendo «que el Ayuntamiento de Rivas debía conceder, sin demoras, la licencia para la construcción de 54 viviendas en la parcela RUL-9, de Cristo de Rivas. Dicha licencia fue solicitada por Jarama en 2020, lo que da buena muestra de las dificultades para construir vivienda en la ciudad», agregan. En este caso, el juez consideró no ajustados a derecho los argumentos del Consistorio, que presentó un recurso, aún pendiente de resolución.
Según Jarama, «las licencias en disputa se han solicitado sobre parcelas incluidas en fases de urbanización ya recepcionadas por el Ayuntamiento. O lo que es lo mismo, cuentan con las condiciones urbanísticas necesarias para ser edificadas y ocupadas. La posibilidad de otorgar licencias en fases de urbanización recibidas (de obras y primera ocupación) es palmaria tras la modificación de la legislación urbanística madrileña operada precisamente con esa finalidad en el año 2018, y que la última sentencia parece no haber tenido en consideración», argumentan.
Asimismo, indican en el comunicado que «el Ayuntamiento ha concedido en los últimos meses en la misma zona licencias para promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda, para un edificio de uso colectivo (un centro comercial, con gimnasio incluido) y para una promoción de 136 viviendas de la Agencia Social de la Vivienda (Comunidad de Madrid)», que «son licencias dependientes de las mismas redes generales que sirven de excusa al Ayuntamiento para denegar las licencias a Jarama».
Prosigue el escrito que «de seguir el razonamiento de la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 34 y la posición del Ayuntamiento, el propio Ayuntamiento habría actuado ilícitamente al conceder licencias en un sector que no cuenta con el 100% de las obras de urbanización ejecutadas». «La única explicación plausible es que su concesión era viable al haberse solicitado con respecto a parcelas que contaban con una urbanización recepcionada. Esa es precisamente la situación física y técnica en la que se encuentran las parcelas para las que se ha solicitado licencia por parte de Jarama y el Ayuntamiento no tiene a bien a conceder».
«La realidad es que tanto las licencias concedidas a otros como las solicitadas por Jarama se fundamentan en recepciones por el Ayuntamiento de las diferentes fases de urbanización, incluyendo la actual infraestructura de pluviales, que funciona óptimamente. Incluso en situaciones de lluvias extraordinarias», asegura la compañía.
Para Jarama, «existe un trato no solo ilegal sino claramente discriminatorio a la empresa, que tiene como consecuencia que no aumente la oferta de vivienda de nueva construcción en la ciudad».
La sentencia de este 6 de octubre será a su vez recurrida por Jarama, por lo que, recuerda la compañía, «será en consecuencia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien determine la posición definitiva de la Justicia respecto a la concesión de licencias».
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