Dos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid han admitido a trámite dos recursos especiales interpuestos por vecinos de la Cañada Real contra actuaciones protagonizadas por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el Sector 4. Los juzgados examinarán presuntas vulneraciones de derechos fundamentales durante actuaciones en la Cañada por parte del consistorio el pasado 28 de abril.
El Juzgado nº 7 y el Juzgado nº 25 de lo Contencioso han requerido al consistorio ripense el expediente completo de las actuaciones, durante las cuales se habría destruido una habitación de una vivienda y la mitad de una parcela en la que se disponían 17 árboles de más de 10 años que fueron talados, todo ello sin autorización judicial. Los juzgados han dado traslado a la Fiscalía de Madrid para que presente alegaciones y pueda ser parte en el procedimiento.
Por parte del Ayuntamiento de Rivas, se ha expresado el respeto a cualquier actuación judicial y su disposición a colaborar y aportar toda la documentación que le sea requerida. No obstante, la administración local ha defendido la «legalidad y proporcionalidad de las actuaciones realizadas», argumentando que se encuentran dentro de sus competencias en materia de disciplina urbanística y que su desarrollo se ha producido en coordinación con la Comunidad de Madrid, titular del suelo.
En este sentido, fuentes municipales explican que «las actuaciones no se dirigieron contra infraviviendas ni contra espacios residenciales, sino contra ocupaciones ilegales de suelo público anexas a las viviendas». Argumentan que estas ya habían sido objeto de expedientes previos de disciplina urbanística y que habían sido ocupadas de nuevo para usos privados. «En algunos casos, además, se trata de ocupaciones reincidentes que persiguen la apropiación irregular de suelo público, su parcelación con fines de especulación urbanística y lucro económico y su transmisión fraudulenta a terceros», aseguran.
Ante esta situación, el Ayuntamiento recuerda que la Cañada es suelo público clasificado como no urbanizable de protección y defiende que su obligación es «impedir nuevas ocupaciones, frenar procesos de parcelación ilegal y evitar que se consoliden situaciones que generan inseguridad jurídica, desigualdad y riesgo para el conjunto del entorno».
En referencia a las actuaciones efectuadas el pasado 28 de abril y objeto de los procesos judiciales, el Ayuntamiento explica que uno de los casos «reviste de especial gravedad», ya que se habría actuado en ocupaciones asentadas sobre un gasoducto de ENAGÁS que suponían un riesgo para la seguridad de la Cañada y las zonas próximas.
Los vecinos celebran la decisión judicIal
Desde la Cañada Real, la Asociación Vecinal Barrio Unido del Sector 4 ha celebrado la decisión judicial de admitir a trámite los recursos interpuestos por los vecinos. Desde la asociación denuncian «un acoso continuado» por parte del Ayuntamiento de Rivas que «tiene agobiados a todos los vecinos», por ello, hacen un llamamiento al resto de habitantes de la Cañada a acudir a la vía legal ante los derribos y realojos, al considerarlos «completamente ilegales».
«Llegan, hacen un derribo y no limpian la parcela. Tenemos que convivir con la basura, los vecinos mandan fotos de culebras de un metro que muerden. Lo que hacen es convertir nuestro barrio en un entorno torturante, en un estercolero», denuncia Carlos Mateo de la asociación Barrio Unido. «Claro, en ese contexto ofrecen a una familia con niños un realojo y lo acaban aceptando porque la situación es invivible. Eso es un realojo forzoso», señala Carlos.
La asociación tiene claro que el objetivo de las administraciones es desmantelar la Cañada Real, un verbo que aseguran haber escuchado en reuniones del Pacto Regional por la Cañada. «Y lo quieren hacer sin contar con nosotros, porque defendemos que somos vecinos que vivimos aquí desde hace 50 años», explica el portavoz.
Respecto a las actuaciones municipales, aseguran que el Ayuntamiento miente y las ejecuta sin escuchar a los vecinos. Denuncian el cierre de un camino peatonal que había sido habilitado por el presidente de la asociación, quien habría cedido parte de su parcela para que los niños del barrio no tuvieran que dar rodeos para acudir al colegio. «Presentamos 300 firmas para que lo mantuvieran y, aún así, el Ayuntamiento ha traído máquinas y ha destrozado el camino y la huerta», cuenta.
«La mayoría de nosotros no contemplamos el realojo. Son nuestras casas y es falso que sean infraviviendas o chabolas», asegura Carlos. «Las casas están aquí para quien quiera venir a verlas», concluye.
Ante esta situación, la asociación insta a la vecindad de Rivas y La Cañada a acudir a la manifestación que han convocado el próximo domingo 14 de junio junto a la Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana. Se trata de una marcha que recorrerá las calles de Rivas entre el colegio Mario Benedetti y el Ayuntamiento para protestar «contra los derribos y la destrucción de un barrio» bajo el lema «Dignidad para Cañada Real».
Derriban casas, expulsan familias y condenan a niños y niñas a crecer entre el abandono institucional.
— Podemos C.Madrid (@Podemos_CMad) June 10, 2026
Mientras unos hablan de convivencia, en Cañada Real siguen años sin luz
Este domingo estaremos defendiendo el derecho a una vida digna.
✊ Nos vemos el 14 de junio a las 11h. https://t.co/r9c3a1SMFi
El Ayuntamiento defiende su política de realojos
Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas ha vuelto a defender su política de realojos basada en dos principios inseparables: la defensa del derecho a una vivienda digna para la población vulnerable y la defensa de la legalidad urbanística. «El objetivo municipal no es perpetuar la situación actual, con la Cañada como uno de los principales focos de exclusión social de Europa, sino avanzar hacia una solución digna, segura y estable para las familias que residen allí y que tienen derecho a una vivienda digna, con suministros y condiciones adecuadas de habitabilidad», subrayan fuentes municipales.
Así, Rivas defiende que política de realojos fijada por el Pacto Regional por la Cañada Real es la vía adecuada para garantizar los derechos de la población desde la responsabilidad institucional, la presencia en el territorio y el trabajo coordinado con las asociaciones vecinales y el resto de administraciones. «La solución no pasa por permitir nuevas construcciones ilegales en un suelo público no urbanizable y de protección, ni por cronificar una situación de vulnerabilidad de la que algunos parecen obtener beneficio. La solución pasa por acompañar los procesos de realojo, impedir que se consoliden nuevas situaciones de riesgo y asegurar que las familias vulnerables puedan acceder a alternativas habitacionales dignas conforme al Pacto Regional», manifiestan.
No obstante, el Ayuntamiento de Rivas muestra una «enorme preocupación» ante la actuación de «determinados despachos de abogados que hacen negocio con la situación de vulnerabilidad de muchas familias, alimentando expectativas que no contribuyen a resolver el problema de fondo».
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