El Pleno Municipal de Rivas Vaciamadrid ha rechazado la moción presentada por el Grupo Municipal Popular que solicitaba la reprobación formal y la destitución de la concejala de Feminismos y Diversidad, Misericordia Chamorro. La iniciativa decayó al recibir los votos a favor de Partido Popular, Vox y la concejala no adscrita y los votos en contra de Izquierda Unida y el Partido Socialista. Los grupos de gobierno defendieron que no ha existido infracción ni causa para el reproche político.
Los populares exigieron responsabilidades políticas a la concejala por presuntas actuaciones «contrarias a los principios de transparencia, integridad pública y buen gobierno». La portavoz del grupo, Janette Novo, expuso que la concejala poseía el 50% de las participaciones de la sociedad Jamiche Republic Food S.L. según su declaración de bienes de 2023. Novo señaló que el 5 de junio de 2026 se inscribió el traspaso de la totalidad de las participaciones a su pareja y que, «apenas 48 horas después», dicha empresa presentó una oferta electrónica para la licitación de la cafetería del Centro de Recursos Educativos para Personas Adultas (CEPA) de Rivas para acabar retirándose de la misma de forma voluntaria el 24 de junio.
Novo defendió que su moción «apela directamente a la dignidad de esta institución y a la higiene democrática en este municipio». Explicó que, para su partido, los hechos enumerados constituyen motivos suficientes para la reprobación y destitución de la concejala. «Esto en derecho tiene un nombre y se llama fraude de ley. Y esto en política también tiene otro nombre que es un asalto ético a las instituciones», espetó la portavoz popular.
Asimismo, Novo expuso la existencia de adjudicaciones de contratos menores de catering a otra corporación cuya administradora figuró en la candidatura municipal de Izquierda Unida-Más Madrid-Verdes Equo de 2023 y que comparte la titularidad de una tercera sociedad con la pareja de Chamorro. Para los populares, estos hechos constituyen la existencia de «una red clientelar», por lo que exigían la apertura de un expediente informativo y la investigación de los contratos.
«El traspaso se produjo tres meses antes»
Los grupos del equipo de gobierno, Izquierda Unida-Más Madrid-Verdes Equo y el PSOE, defendieron a la concejala Chamorro, negando la existencia de ninguna infracción, ni de motivos para el reproche político. El portavoz socialista, Alberto Cabeza, puntualizó que la cesión de participaciones societarias no se produjo de forma exprés en junio, sino que se formalizó mediante escritura pública el 13 de marzo de 2026, tres meses antes de la licitación.
Cabeza señaló que la renuncia voluntaria de la empresa anula cualquier posibilidad de adjudicación. «La renuncia de la propia empresa a la licitación anula que sean adjudicatarios. Claro que lo cambia todo, absolutamente todo. Por eso entendemos que ni siquiera existe el reproche político», afirmó el portavoz. Además, respecto a las acusaciones referentes a otros contratos menores, defendió que la concurrencia en listas electorales no invalida la legalidad de la contratación pública siempre que se cumpla con la normativa.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, José Alfaro, respaldó la gestión de Chamorro y la imparcialidad de los técnicos de la mesa de contratación, destacando que la empresa no llegó a ser valorada en el procedimiento al retirarse previamente. «La mesa no llegó ni a ver valoración, ni a calificarse ni a considerarse, o sea, no llega a participar en el proceso propiamente dicho de contratación», explicó el portavoz.
Alfaro recordó además que el concejal Jesús Martínez del PP copreside la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación, órgano competente para fiscalizar cualquier expediente municipal. «Defendemos la honestidad de nuestra compañera de gobierno y el buen hacer al frente de la concejalía y nos manifestamos en contra de este ataque gratuito que ustedes plantean», expuso Alfaro.
Reproches del resto de la oposición
La moción popular sí obtuvo el respaldo de la concejala de Vox, Eliana Palacios, y de la concejala no adscrita, María de los Ángeles Guardiola. La portavoz de Vox justificó el voto favorable de su formación en la necesidad de «aclarar la concurrencia de relaciones administrativas, familiares y políticas» en los expedientes señalados. La concejala exigió explicaciones documentadas y la apertura de investigaciones. «Hay motivos de sobra para investigar y depurar responsabilidades políticas si corresponden», afirmó Palacios.
Guardiola señaló que, aunque la oferta del CEPA fue retirada, la coincidencia de plazos justificaba la tramitación de un expediente informativo para corroborar la transparencia del proceso. La concejal no adscrita manifestó: «Aquí no se reprueba una opinión, ni un exabrupto. Se reprueba una secuencia de hechos que constan en el registro mercantil y en la plataforma de contratación con fecha, con hora y hasta con segundos», subrayó.
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