Dos acusados de cometer robos en comercios o viviendas de Rivas Vaciamadrid han sido apartados de las calles en las últimas semanas por los jueces, a petición de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. En un caso, mediante prisión provisional; en otro, mediante una orden de alejamiento.
Se trata de una medida pionera, anunciada hace escasas semanas por el Consistorio ripense, que ya ha cristalizado en sendos autos judiciales que evitan que los presuntos delincuentes reincidan mientras se encuentran a la espera de juicio.
Detenidos con numerosos antecedentes
El primer auto, fechado el día 23 de octubre, resuelve enviar a prisión provisional a una persona investigada por acceder a un chalet de Rivas mediante escalo, robar una bicicleta, unas gafas de sol del interior de un coche y causar daños en otro vehículo.
El acusado, de 19 años, fue detenido tras ser identificado por sus huellas dactilares y contaba con 27 antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, así como varios antecedentes judiciales por quebrantamiento de condena o medida cautelar, dos robos con violencia e intimidación, dos robos con fuerza, hurto o extorsión, entre otros. Tras apreciar un evidente riesgo de reiteración delictiva y de sustraerse a la acción de la justicia (con un juicio inminente y otros procesos pendientes), el juez decidió atender la petición del Consistorio ripense y decretar prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado.
El segundo auto judicial constituye una orden de alejamiento de la ciudad dictada el pasado 1 de noviembre contra un acusado de robo con fuerza en un comercio de Rivas. En concreto, según consta en las diligencias, el detenido habría forzado la puerta de un supermercado, robando más de mil euros en efectivo y productos por valor de más de 200 euros. Esta persona habría cometido más robos similares en la ciudad, según la acusación, y estaba siendo investigado por seis robos con fuerza, de los cuales dos se habrían cometido en la zona, por lo que el juez aprecia un «elevado riesgo de reiteración en el municipio».
En este caso, al acusado se le ha prohibido entrar y residir en el municipio de Rivas Vaciamadrid durante la instrucción de la causa, o hasta que se adopte nueva resolución, «respecto al fin perseguido de protección de los bienes patrimoniales de todo el municipio». La medida se considera proporcionada en la justificación de motivos, dado que el acusado solo cuenta con un familiar en Rivas Vaciamadrid.
Medidas preventivas
Esta medida pionera, que ahora acaba de dar sus primeros resultados, fue anunciada por la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, tras la última Junta Local de Seguridad, copresidida por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, el pasado 24 de septiembre. Tras el encuentro, que sirvió para explorar medidas que sirvieran para encauzar los datos de criminalidad tras el incremento del 12% en el primer semestre del año, la alcaldesa recordaba medidas como la campaña Comercios Seguros, la incorporación de 7 nuevos agentes a la Policía Local o las patrullas a pie. Pero también reconocía que incluso las detenciones, en ocasiones, no eran suficientes cuando los jueces autorizaban la puesta en libertad de los acusados a la espera de juicio. «En los últimos meses se han producido hasta nueve detenciones de personas que, a los pocos días, hemos tenido otra vez en nuestra ciudad cometiendo los mismos delitos», apuntaba.
El objetivo del nuevo sistema de petición de órdenes de alejamiento u otras medidas cautelares es, pues, apartar de la calle a personas con alto riesgo de reincidencia que se encuentren a la espera de juicio, evitando así que vuelvan a cometer una y otra vez los mismos delitos tras ser detenidos y puestos en libertad provisional. La medida se ampara en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé en varios de sus artículos (13, 544bis) la adopción de medidas cautelares para proteger a las víctimas de delitos, de forma motivada y cuando sea estrictamente necesario.
El sistema impulsado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se activa cuando una víctima acude a las dependencias de Guardia Civil a denunciar un robo con violencia en un comercio o en su domicilio, hurto o delito similar. Allí, los agentes le ofrecen la posibilidad de autorizar que los servicios jurídicos del Ayuntamiento se personen en la causa que se pueda abrir en relación con este delito.
Una vez que se detiene a la persona acusada de los hechos denunciados, se evalúa la situación. Si se aprecia que existe peligro real de que esa persona vuelva a cometer los mismos hechos (por ejemplo, por contar con antecedentes por hechos similares), el Consistorio solicita al juzgado que adopte medidas cautelares, como pueden ser la orden de alejamiento o la prisión provisional, mientras se instruye la causa. Es decir, se actúa en ese período de tiempo en el que, con frecuencia, los acusados son puestos en libertad a la espera de juicio, momento en el que pueden cometer otros delitos similares.
Hasta la fecha, dos juzgados diferentes han atendido la solicitud de medidas cautelares formulada por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Una medida preventiva que, en palabras de Castillejo, constituye «una herramienta real, jurídica y operativa que ya está funcionando».
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