Inquilinos de Rivas contra el fondo Nestar: «Nos están echando de nuestras casas»

por | Oct 8, 2026 | 0 Comentarios

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Los vecinos y vecinas de una promoción de alquiler en el número 2 de la ronda de Gloria Fuertes de Rivas Vaciamadrid denuncian que el fondo de inversión inmobiliaria Nestar, propietario de sus viviendas, ha dejado de renovar sus contratos de alquiler. Según explican, la empresa les da dos opciones: comprar el inmueble o abandonarlo cuando termine el acuerdo en vigor.

La promoción de viviendas ripense fue construida entre el 2000 y el 2003 por iniciativa privada, pero con protección pública que fijaba un precio de alquiler asequible. Pasado el periodo de protección fijado por la ley, en el año 2008, la entonces propietaria Detinsa vendió el edificio a Lazora, cuyo nombre cambió en 2022 por el de Nestar.

Este fondo de inversión inmobiliaria está gestionado por Azora, empresa dedicada a la inversión y gestión de activos. Nestar es en la actualidad uno de los mayores caseros de España que gestiona, según datos del propio fondo, 9.500 unidades distribuidas en 96 edificios.

Sin embargo, su estrategia en el edificio ripense pasa por deshacerse de los inmuebles, por lo que ha dejado de renovar los contratos de alquiler de sus inquilinos, a los que ofrece adquirir la casa en propiedad. Esto supone para muchos de ellos tener que abandonar su vivienda, al no poderse permitir los más de 300.000 euros que pide la propiedad por ella.

Fátima y su familia, sin casa en un mes y medio

Es el caso de Fátima, cuyo contrato vence el próximo mes de noviembre. Esta vecina lleva 16 años viviendo en su casa, que comparte con su marido y su hija, una menor de edad escolarizada en el colegio José Hierro. Ese es el principal motivo por el que no se plantea abandonar la vivienda, ya que, según cuenta, ha mirado alquileres en Rivas y en Arganda y están por encima de sus posibilidades, de la misma forma que lo está adquirir el piso en propiedad.

Fátima cuenta que el fondo lleva desde marzo avisándola del fin de su contrato y que le han llegado a ofrecer una rebaja para adquirir el inmueble por ser una inquilina antigua, pero que suponía un ahorro de tan solo 3.000 euros. Esta vecina añade que ha tratado de solicitar una prórroga, pero que no ha recibido una respuesta positiva. «En junio, el día del cumpleaños de mi hija, recibimos un mail certificado con la comunicación de que el día 30 de noviembre finaliza nuestro contrato», se lamenta.

«Queda mes y medio y nos veo en la calle, estoy desesperada», explica Fátima. «Me duele esta situación por mi hija, está con problemas emocionales. Ha pegado un cambio impresionante, me han llamado del cole para preguntarme qué le pasaba», relata.

Asegura estar dispuesta a seguir peleando por quedarse en su vivienda, pero admite que la situación le está superando: «Voy a luchar todo lo que pueda y un poco más, pero ya llega un momento que mentalmente estoy agotada. No duermo, no como, no tengo ganas de nada. Solo pienso en que llega el día 30 y no sé a dónde ir».

Diario de Rivas se ha puesto en contacto con el fondo Nestar para pedir una valoración de la situación de Fátima y el resto de sus vecinos. «Estamos ejerciendo nuestro derecho de sacar a la venta una vivienda cuando vence el contrato, todo según permite la ley. Cuando se toma esa decisión, se lo comunicamos a los vecinos con un año de antelación y les ofrecemos de forma preferente la opción de compra», han indicado desde Nestar.

Acompañamiento de la EMV

Fátima ha tratado de buscar soluciones a su situación a través del Ayuntamiento de Rivas. Sin embargo, según explica ella misma, su perfil no cumple con los requisitos que exige la normativa para entrar a formar parte del registro de solicitantes que permite acceder a una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda, por lo que el consistorio no puede ofrecerle una alternativa habitacional.

No obstante, fuentes municipales han explicado a Diario de Rivas que pondrán «todo el acompañamiento y todos los recursos municipales a disposición de los vecinos y vecinas afectados que los necesiten». Así, han cedido la sede de la EMV a los vecinos afectados para una asamblea organizativa prevista para este fin de semana.

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«Tanto el Ayuntamiento como la EMV ya han atendido a personas de esta promoción que se han dirigido a ellos y seguirán haciéndolo, como se ha hecho en anteriores ocasiones ante situaciones similares», explican desde el consistorio. Además, muestran su rechazo al actual modelo que permite que las viviendas agoten su régimen de protección: «Es algo que venimos reclamando desde hace tiempo: que la protección de la vivienda protegida se mantenga para siempre, precisamente para impedir que este tipo de promociones puedan terminar en manos de fondos de inversión».

En torno a un centenar de inquilinos afectados

Dentro de la promoción de Gloria Fuertes los vecinos han comenzado a organizarse. Calculan que alrededor de un centenar de personas podrían estar afectadas por esta situación. El pasado fin de semana organizaron una protesta en la puerta del inmueble y pegaron carteles (que, según denuncian, han sido rápidamente retirados del edificio).

Violeta, otra joven ripense de 28 años, se mudó a esta promoción en 2021. Su contrato finaliza en tres años, por lo que aún cuenta con margen, pero no ha dudado en ponerse a trabajar para organizar a sus vecinos. «Fátima es la primera, pero después vamos todos los demás», asegura.

Violeta además denuncia la existencia de «cláusulas abusivas» en sus contratos de alquiler. «Todos los inquilinos estamos pagando el seguro de impago, el IBI, la comunidad, el seguro del hogar y la tasa de basuras cuando de todo esto se tendría que estar haciendo cargo el propietario», afirma.

Actualmente, barajan diversas opciones, como recurrir al Sindicato de Inquilinas, que ya ayudó a vecinos de Vallecas a obtener una sentencia favorable contra este mismo fondo por cláusulas abusivas. La justicia condenó entonces a Nestar a pagar 20.000 euros a los inquilinos tras años cobrándoles un seguro de impago.

Violeta critica además que cada año la empresa les sube el alquiler conforme al IPC, la última vez un 4%, es decir, 600 euros anuales. Para esta inquilina, se trata de una medida más de presión, ya que las subidas no repercuten en mejoras en las viviendas. «Nos están echando de nuestras casas», se lamenta.

Ella y otros vecinos denuncian que la empresa ni siquiera se hace cargo de los desperfectos de las viviendas: «A una vecina se le estropeó la lavadora y tuvo que encargarse ella, otra tuvo inundaciones en casa y lo único que le dijeron es que valorarían si se lo descontarían de la fianza, y yo tengo las ventanas con cinta aislante porque no cierran y se niegan a arreglarlas. Nos dicen que todo eso es por el uso y que nos tenemos que hacer cargo nosotros».

Violeta pide a aquellos vecinos afectados que no estén todavía organizados que se pongan en contacto entre sí para sumar esfuerzos y tratar de evitar que les echen de sus casas.

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