Un operativo policial ha actuado este miércoles sobre un ‘hotel’ que ofrecía alquileres ilegales a personas en situación de vulnerabilidad de la Cañada Real. Su propietario, que no se encontraba presente en el momento de la inspección municipal, ha sido sorprendido mientras ampliaba el edificio. Este arrendaba infraviviendas por importes que llegaban hasta los 500 euros al mes. Se calcula que los beneficios obtenidos por esta actividad ilícita podrían superar los 100.000 euros anuales.
El edificio que hace las veces de ‘hotel’ se encuentra situado en el sector 5 de Cañada Real, en las inmediaciones del barrio de Covibar (Rivas Vaciamadrid), en una zona que el pasado 1 de enero pasó a formar parte del término municipal ripense tras entrar en vigor el cambio de lindes con Madrid capital. Desde ese momento, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha emprendido una campaña de inspecciones para confirmar los datos del censo de ocupantes enviado por Madrid, así como identificar actividades ilegales e infracciones que se estén cometiendo dentro de las parcelas Cañada Real que discurren por Rivas.
Así, este miércoles, el Comisionado de Ciudad de Rivas Vaciamadrid ha girado una inspección a esta edificación tras haber detectado que se estaban realizando obras para ampliarlo. El personal del Ayuntamiento ha precintado todas aquellas zonas en las que se estaban acometiendo obras, así como aquellas susceptibles de utilización fraudulenta, tratando de evitar que el negocio ilegal se amplíe con la entrada de nuevos inquilinos.
El Ayuntamiento ha podido constatar que la empresa robaba el suministro eléctrico mediante la incorporación de una torreta de luz a la parcela. Además, se ha detectado un acopio de bombonas de gas que puede comprometer la seguridad de los habitantes. Todo ello, junto con el acopio de materiales para acometer las reformas, se estaba ejecutando en un suelo público que está considerado como zona verde y que pertenece a la Comunidad de Madrid.
La edificación contaba hasta la fecha con 22 ‘apartamentos’ individuales, que el propietario alquilaba mediante contratos fraudulentos a través de una sociedad. Según informan fuentes municipales, las familias que allí vivían llegaban a pagar importes de hasta 500 euros mensuales, siempre en metálico contra recibo según figura en los contratos, por habitar en estas infraviviendas construidas de manera ilegal sobre suelo público. La actividad de este ‘hotel’ se remonta más de una década, según ha acreditado el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que ha tenido acceso a contratos de arrendamiento que datan al menos del año 2015.
En ellos se hacía constar, y aceptar por parte de la persona inquilina, que el inmueble no está inscrito en el registro de la propiedad «por cuestiones que no vienen al caso». También se dice que el inquilino exime de responsabilidad a la empresa arrendataria por «la existencia de cierto procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística por parte del Ayuntamiento de Madrid contra la edificación de la que forma parte la vivienda objeto del contrato», o por los daños que puedan sufrir los electrodomésticos del inquilino a causa del «estado de las instalaciones de suministro de energía eléctrica y de suministro y evacuación de aguas».
Denuncias por delitos urbanísticos, por estafa y por fraude fiscal
En la visita, en la que han participado Policía Local, Guardia Civil y técnicos de Disciplina Urbanística, se han precintado las zonas que ya estaban preparadas para el levantamiento de nuevas infraviviendas. Sin embargo, las 22 familias continuarán, por el momento, habitando en los inmuebles. Según ha podido constatar el Ayuntamiento, los residentes son personas en situación vulnerable, algunas de las cuales, no son conscientes del carácter irregular de sus contratos de alquiler. A partir de este punto, los servicios sociales del Ayuntamiento se entrevistarán con las familias afectadas de manera particular para evaluar su situación y sus necesidades.
Asimismo, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha presentado este mismo miércoles las correspondientes denuncias contra la empresa y su administrador por indicios de diferentes tipologías de delitos como fraude del suministro eléctrico, delitos contra la ordenación del territorio, fraude por los contratos ilegales e infracciones relacionadas con la disciplina urbanística. También trasladará el caso a la Agencia Tributaria por un presunto delito contra la Hacienda Pública, y levantará denuncia ante la Comunidad de Madrid (propietaria del suelo de Cañada Real) para que ejerza las acciones que correspondan a sus competencias.
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