El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha informado del desalojo de tres viviendas públicas de la EMV ocupadas,en la avenida de Levante y la recuperación de los inmuebles para los demandantes de vivienda del municipio. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Arganda y Rivas ha denunciado que uno de los desalojos afecta a una joven de 20 años llamada Tamara, su pareja y sus dos hijos, uno de los cuales sufre «una enfermedad grave que requiere cuidados especiales».
Los tres lanzamientos (desalojos de viviendas ocupadas) se han producido durante la mañana de este lunes por orden judicial tras las denuncias interpuestas hace meses por el Ayuntamiento de Rivas contra la ocupación irregular de los inmuebles. La administración local destaca que la salida de las viviendas se ha producido sin incidentes y que dos de los ocupantes ya las habían abandonado antes del desalojo.
Desde el consistorio señalan que ninguno de los ocupantes había accedido a las viviendas a través de los procedimientos públicos establecidos, ni mediante el Registro Único de Demandantes de Vivienda. Además, explican que estaban siendo objeto de prácticas irregulares de alquiler, realquiler o transmisión entre particulares y que el ocupante de una de ellas «había generado durante años numerosas incidencias y denuncias vecinales».
Respecto a la tercera vivienda, la de Tamara y su familia, el Ayuntamiento se muestra conocedor de su situación de vulnerabilidad social. Fuentes municipales aseguran que la familia sido atendida y acompañada por los servicios municipales, que han facilitado hasta tres alternativas habitacionales a la familia y que todas han sido rechazadas. Además, afirman que Servicios Sociales ha ayudado a Tamara con diversos procedimientos administrativos importantes para ella y sus hijos y que seguirá a su disposición si lo necesita.
«Se parece mucho a un desahucio express»
Sin embargo, desde la PAH, se mantiene que este desalojo es, en realidad, un desahucio a una familia vulnerable. «Pueden llamarlo como quieran, pero sigue siendo un desahucio», indican desde la plataforma. Denuncian que Tamara y su familia llevan ocho meses residiendo en la vivienda de la EMV y que el aviso de salida de la vivienda llegó el pasado viernes, sin dar tiempo suficiente para recurrir o buscar amparo en los juzgados. «Se parece mucho a un desahucio express, ni siquiera ha tenido tiempo para prepararse para sacar sus cosas y sus muebles», denuncian.
Para la entidad, la ejecución del desalojo es responsabilidad del Ayuntamiento de Rivas. «Si alguien podía pararlo es la EMV, que es la propietaria de la casa», subrayan. Además, lamentan que las alternativas habitacionales propuestas no son viables para la familia al encontrarse lejos del municipio de Rivas, donde Tamara acaba de formalizar el padrón y la escolarización de sus hijos. Denuncian que dichas alternativas eran temporales, abarcando un plazo de tan solo 15 días y que la única solución permanente propuesta, su ingreso en una residencia maternal a la que tiene derecho, supondría la separación de Tamara de su pareja.
Por último, la plataforma denuncia «la desproporcionalidad» del despliegue policial determinado por el juzgado y la Guardia Civil que ha acompañado al proceso de desalojo. Este se fija en función de los antecedentes penales y el perfil de peligrosidad de los ocupantes, por lo que se estableció un dispositivo amplio ante el perfil conflictivo de uno de los ocupantes. Sin embargo, desde la PAH denuncian: «Había dos furgones, coches patrulla y muchos agentes antidisturbios con cascos y escudos cuando en la vivienda solo estaban Tamara, su pareja y los dos niños pequeños».
Gestión de una vivienda social
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha recordado que las viviendas de la EMV, que pertenecen al patrimonio municipal, no están indicadas para atender a casos como el de esta familia como sí sucede con los inmuebles de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Explican que servicios sociales ha acompañado a la familia a realizar el trámite para poder acceder a uno de estos recursos.
Además, han comunicado que la EMV «contempla medidas de protección para las personas adjudicatarias que acceden a una vivienda pública a través del Registro Único y que atraviesan dificultades económicas, como la renegociación de pagos o la aplicación de una renta social cuando resulta necesario». La administración local considera que estos casos no concurrían en ninguna de las tres viviendas recuperadas y que es importante que estas vuelvan a incorporarse al parque público y ponerse a disposición de las familias inscritas en el Registro Único.
«Las viviendas se recuperan para el parque público de vivienda, se van a arreglar y se van a poner a disposición de familias inscritas en el Registro Único de Demandantes de Vivienda esperando una oportunidad para acceder a una vivienda pública», sostienen desde el consistorio.
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