¡Con el IBI que pagamos!

El debate sobre los impuestos suele ser bastante recurrente en las sesiones del Congreso, en la Asamblea de Madrid y en los plenos de los distintos municipios. En Rivas también. Y una de las cuestiones que siempre sale a relucir, por parte de los partidos de la derecha a la que ahora se ha apuntado la extremaderecha, suele ser la bajada de impuestos, acompañada siempre del mantra de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del contribuyente.

Pero, ¿esto es así? Para quien tiene dinero, sí; para quien tiene menos, no, porque necesita recurrir a los servicios públicos que, como sabéis, se financian a través de los impuestos, como así lo expresa nuestra Constitución en su artículo 31.

Un ejemplo claro lo llevamos viendo durante los 26 años de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid con sus políticas neoliberales. ¿A quién ha beneficiado? A los ricos. Y, ¿qué consecuencias tienen este tipo de políticas? Un Madrid, que se supone el motor principal económico del país, con una gran desigualdad, enormes bolsas de pobreza y con una deficitaria inversión en la sanidad y la educación públicas, por poner algunos ejemplos.

Hace unos días, en el Pleno de septiembre, Vox presentaba una moción, que fue rechazada, en este sentido: instando al ayuntamiento, por un lado, a realizar una bajada de impuestos y, por otro, a solicitar a la Dirección General del Catastro la revisión a la baja de los valores catastrales. Una moción fake que contenía 16 párrafos, de los cuales solo dos eran ciertos.

Vayamos por partes. Para empezar es importante recordar que la competencia para establecer los valores catastrales es exclusiva del Estado según establece el artículo 4 del RDL 1/2004. Y es también conveniente explicar que el mercado, ese que tanto le gusta a la derecha, influye mucho en la realización de las ponencias de valores porque toman como referencia para establecer los valores catastrales el 50% del valor del mercado del inmueble en cada momento. Por eso, no es posible solicitar una revisión a “la baja” como pretende hacernos creer la extrema derecha. Una vez más, sus propuestas populistas buscan beneficiar al más rico a sabiendas que perjudiquen a quienes más lo necesitan.

Otra cuestión que siempre se repite: ¿Rivas tiene el IBI más caro del país? No. Entonces, ¿de dónde sale esa afirmación? Proviene de un ranking tributario realizado por el Ayuntamiento de Madrid, bajo el mandato de Ana Botella y que continuaron los gobiernos del PP, que se basa en una premisa errónea. ¿Por qué? Porque fijaron como criterio de comparación un ‘valor base’ de 6.010,12€ por vivienda, el mismo para todas las ciudades que analizaba en 1998. No es cierto que en todos los municipios el valor de la vivienda fuese el mismo. A nadie se le escapa que en Madrid capital los precios de la vivienda eran muy superiores a Rivas Vaciamadrid, y esa es una de las causas del desplazamiento de la población a los municipios de alrededor, incrementando la presión sobre los precios de estos municipios.

Ante esta situación, el Gobierno local no se ha quedado de brazos cruzados. ¿Cómo? Intentando hacer más progresivo este impuesto a través de la ampliación de las ayudas para afrontar el IBI y las bonificaciones fiscales. Un dato: en 2021 duplicamos el dinero destinado a dichas ayudas. Y otro más: El 70% de los 46.300 recibos de IBI se encuentran bonificados en nuestra ciudad. Además, en los últimos 15 años no solo no hemos aumentado el tipo impositivo, sino que se ha reducido del 0,58 al 0,57.

Actualmente, la propuesta de bajar al mínimo impositivo (0,4), como le gustaría a la derecha y a la extrema derecha, supone la pérdida de 11,5 millones de euros de ingresos, es decir, el 10% de nuestro presupuesto municipal. Una cantidad que se retorna en el mantenimiento de nuestros servicios públicos.

Desde nuestro grupo municipal, IU Rivas-Equo-Más Madrid y desde las competencias que tenemos en el Gobierno local seguimos trabajando para que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. No solo por nuestro empeño político, sino porque así lo recoge el artículo 128 de la Constitución Española. Seguimos dando pasos para cumplir con nuestra obligación desde las instituciones para avanzar en la redistribución de la riqueza.

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