Tanto Partido Popular como Vox han pedido explicaciones al concejal de Seguridad sobre una orden de servicio dirigida a la Policía Local para implementar un servicio de verificación en zonas de carga y descarga. Para los dos partidos de derechas, esta orden supone incentivar las multas a los vecinos y vecinas. El Ayuntamiento lo niega y pide respeto a los agentes.
Las dos interpelaciones propuestas por la oposición hacían referencia a un supuesto «afán recaudatorio» del Ayuntamiento y a la imposición de objetivos de denuncias y retiradas de vehículos de estas zonas de carga y descarga.
Tal y como citaba Eliana Palacios, portavoz de Vox, la orden en cuestión reza: «una vez por semana (…) se implementará un servicio de verificación de zonas de carga y descarga en horario comprendido entre las 08:30 y las 17:00 con dos componentes llamados de bolsa según el orden establecido. Finalizando el servicio, entregarán la hoja al comisario o al jefe de servicio con las actuaciones, denuncias y resultados del servicio. Dichos componentes que no cumplan con los objetivos mínimos del servicio, que serán denuncias en zonas de carga y descarga, doble fila o retiradas de vehículos con grúa quedarán excluidos para realizar este servicio».
Para Palacios, esta orden «introduce un modelo de actuación policial impropio, ya que debería regirse exclusivamente por el cumplimiento de la ley, la seguridad vial y el interés general, y nunca por la necesidad de alcanzar determinados resultados cuantitativos». La portavoz de Vox criticaba la vinculación de objetivos con la permanencia en servicios asociados a la bolsa de horas extraordinarias.
«Esta medida supone en la práctica una nueva forma de presión recaudatoria sobre los vecinos, así como sobre comerciantes y autónomos, quienes necesitan utilizar las zonas de carga y descarga para el normal desarrollo de su actividad económica», señalaba Palacios. «Es una orden de servicio política», concluía.
Por parte del Partido Popular, Janette Novo, ponía el foco en la seguridad, tal y como hacía 24 horas antes en un encuentro con Alfonso Serrano. Para Novo, resulta «inaceptable» que el equipo de Gobierno «dé prioridad» a la interposición de multas a los vecinos en lugar de tratar de reducir la criminalidad tras el aumento de los datos registrado en 2025. «La prioridad de este gobierno no sea la seguridad ciudadana, sino una voracidad recaudatoria que presiona a la plantilla policial para penalizar a los ciudadanos», acusaba la portavoz popular.
Novo apelaba directamente al concejal de Seguridad, Juan José González, cuestionando el cuidado de sus responsabilidades. «Deje de chantajear, deje de presionar a la Policía Local con un servicio que no se corresponde porque a donde hay que destinar todos los recursos municipales es precisamente a la protección y a la seguridad de nuestra ciudad», finalizaba.
Por su parte, González negaba la mayor, asegurando que «este gobierno no pide ni incentiva sanciones». El concejal defendía la actuación de la Policía Local de Rivas, pidiendo respeto a ambas representantes. «La Policía Local no está para recaudar dinero. La Policía Local es la herramienta para garantizar que las normas que nos hemos dado como sociedad se cumplan. Son normas para ordenar la convivencia y para que nuestra ciudad sea un espacio más habitable», sentenciaba González.
Respecto a la orden de servicio, el edil argumentaba que «en muchos casos, las órdenes corresponden a las quejas de la propia ciudadanía y de los comerciantes por los aparcamientos indebidos, las dobles filas o la invasión de las zonas de carga y descarga». «El objetivo de las sanciones es disuadir de conductas infractoras, mejorando así la convivencia y la seguridad», subrayaba.
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