El Ayuntamiento de Rivas informó el pasado viernes 21 de agosto que ha recurrido el incremento de la tasa de incendios ejecutado en el presupuesto del ejercicio 2026 por la Comunidad ante la Junta Superior de Hacienda de la dicho organismo. Consultada por Diario de Rivas a raíz de este recurso, la Consejería de Medio Ambiente, organismo esponsable de este tributo abonado por los ayuntamientos de la región de más de 20.000 habitantes, argumenta que «no es una decisión con ánimo recaudatorio».
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente explican así la subida de 30,93 euros a 35 euros por habitante de la tasa de incendios: «La Comunidad de Madrid ha actualizado la tasa del Cuerpo de Bomberos a los municipios para que sea más ajustada, proporcionada y progresiva a la realidad».
Según Medio Ambiente, el objetivo es «sostener un servicio esencial que cada día requiere más medios humanos y materiales, mayor cobertura territorial y más exigencias operativas en las emergencias, ante el aumento de la población y de graves episodios».
Desde la Consejería de Medio Ambiente inciden en que el presupuesto del Cuerpo de Bomberos de la región se ha duplicado en la última década: de 116 millones en 2026 ha pasado a 230 millones en el presente ejercicio. «Sin embargo, esta tasa no se había modificado», argumentan fuentes de la citada consejería. «La Comunidad asume la mayor parte del esfuerzo económico, mientras que la tasa autonómica cubre el 33,7% del coste real, frente al 71% que suponía en 2016», agregan.
Desde el organismo regional subrayan que «con la tasa se cubre el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamentos que la Comunidad presta a los municipios de más de 20.000 habitantes que no disponen de cuerpo propio o que han solicitado la dispensa para dejar de prestarlo», y argumenta que el coste para los ayuntamientos «es mucho menor» con esta fórmula en comparación con su tuvieran que asumir directamente el servicio.
Niegan así fuentes de la Consejería de Medio Ambiente que la decisión tenga un ánimo recaudatorio. «No es una decisión con ánimo recaudatorio, sino que responde a una exigencia de planificación, suficiencia financiera y sostenibilidad de un servicio público esencial que salva vidas, protege bienes y garantiza la seguridad de los municipios. Si los ayuntamientos lo prestasen directamente y lo dimensionasen para atender las emergencias con eficacia el coste les supondría el doble de lo que pagan por la tasa», concluyen.
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