El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha intervenido en una inhabilitación de dos infraviviendas del sector 4 de la Cañada Real, realizadas a instancias de la Comunidad de Madrid, propietaria del terreno. La actuación se ha producido con el objetivo de evitar su reocupación, compraventa ilegal o cualquier otro uso irregular de estos espacios como vivienda.
La actuación ha sido protagonizada por el Ayuntamiento de Rivas al contar con mayor capacidad de intervención operativa sobre el terreno que la Comunidad de Madrid. El consistorio ha actuado en dos viviendas, una de las cuales se encontraba deshabitada. La segunda ha sido cedida por los propios ocupantes al acceder a un realojo en una vivienda digna en cumplimiento con el Pacto Regional por la Cañada Real.
Rivas denuncia el riesgo de reocupaciones y usos fraudulentos del suelo
Fuentes municipales han manifestado que Rivas lleva denunciando desde hace tiempo «el riesgo de
reocupaciones y el efecto llamada que genera la especulación en la Cañada Real», poniendo el foco especialmente en las parcelas e infraviviendas vacías que son reutilizadas de forma fraudulenta para compraventas ilegales o el cobro a terceros por el uso de habitaciones, cobertizos o barracones.
El Ayuntamiento ha insistido en la necesidad de actuar con agilidad entre el momento del realojo y la inhabitación o derribo para evitar este tipo de situaciones. «Ese margen de tiempo resulta clave para evitar reocupaciones, nuevas situaciones de explotación y vulnerabilidad y posibles operaciones de compraventa ilegal sobre suelo público», señalan.
Explican que el Comisionado de Ciudad de Rivas ha planteado a las entidades sociales, partidos políticos y asociaciones de la Cañada, presentes en la última Asamblea de la Cañada Real, la necesidad de «abordar un plan de choque frente al uso irregular del suelo público por parte de quienes pretenden lucrarse económicamente de la situación de exclusión existente en la zona».
Rivas pide la creación de un consorcio entre administraciones
Para abordar esta problemática con mayor eficacia, Rivas ha vuelto a reclamar la creación de un consorcio entre las administraciones implicadas para agilizar procedimientos, ordenar la ejecución de los realojos y ofrecer certidumbre a las familias afectadas. En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado que, casi dos años después del acuerdo de protocolo para movilizar 330 millones de euros destinados al acceso a una vivienda digna, todavía no está materializada la forma jurídica que debe permitir su ejecución. «La solución de la Cañada Real no puede depender únicamente de actuaciones puntuales. Requiere planificación, financiación, coordinación institucional y un calendario claro de realojos que las familias afectadas puedan conocer», han declarado fuentes municipales.
«La posición municipal es avanzar en el cumplimiento del Pacto Regional por la Cañada Real, garantizar una vivienda digna a las familias vulnerables y combatir cualquier forma de especulación urbanística, privatización irregular del suelo público o aprovechamiento económico de la vulnerabilidad», concluyen desde el Ayuntamiento.
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