El PSOE de Rivas Vaciamadrid celebró este martes un acto informativo en la Casa de las Asociaciones para explicar el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes. El evento reunió a varios representantes políticos con el objetivo de detallar la medida, sus requisitos y aclarar algunos de los principales puntos.
La apertura corrió a cargo de Alberto Cabeza, secretario general del PSOE de Rivas, quien defendió la iniciativa frente a sus críticos. “Se trata de una medida centrada fundamentalmente en la protección y en la garantía del ejercicio de derechos fundamentales”, señaló.
Durante su intervención, rechazó los discursos que hablan de “prioridad nacional”. “Negar derechos y libertades, negar justicia social y negar regularización administrativa de personas que ya están aquí, colaborando, viviendo y aportando a la sociedad, me parece una postura antidemocrática», criticó.
Cabeza subrayó que esta medida pone fin a situaciones de explotación laboral, fortalece el sistema de la Seguridad Social en España y supone una aportación cultural y social de la población migrante.
A continuación intervino Rosario Aguilar, secretaria de Políticas Migratorias y Refugiados del PSOE en Madrid, quien incidió en la necesidad de combatir la desinformación. Aguilar explicó que el proceso es extraordinario porque tendrá una duración limitada hasta el 30 de junio, y que no genera un “efecto llamada” sino que está dirigido a la regularización de personas que ya residen en España.
También defendió su legalidad frente a quienes la cuestionan. “Están diciendo que a cualquiera se le va a dar la residencia y es mentira. Una de las cosas más importantes que se va a pedir son los antecedentes penales”. En este sentido, denunció que ciertos discursos se apoyan en la aporofobia y en prejuicios hacia las personas migrantes.
Aguilar criticó la idea de que se pretenda relegar a la población migrante a trabajos precarios. “No vamos a quitar trabajo a nadie. Falta mano de obra y esa mano de obra somos nosotras y nosotros, pero no solamente en los trabajos precarios, en los trabajos de ayuda a domicilio o en limpieza. También hay abogados, empresarios, médicos y enfermeras que están viniendo para cubrir necesidades reales”.
“El odio nos está costando un 1,3 % del PIB, muchos millones de euros. Ese dinero lo podríamos invertir en todo lo social que necesitamos”, afirmó.
Detalles de la medida
El acto contó también con la participación de Juanjo Marcano, diputado en la Asamblea de Madrid del Partido Socialista, quien ofreció una explicación detallada del marco jurídico.
Marcano destacó que esta regularización extraordinaria se articula a través de dos disposiciones específicas, la DA20 y la DA21, que diferencian entre solicitantes de protección internacional y personas en situación administrativa irregular. En ambos casos, será necesario acreditar la estancia en España antes del 1 de enero de 2026 y demostrar al menos cinco meses de permanencia en el momento de la solicitud.
En cuanto a estos requisitos, Marcano explicó que se permite acreditar la identidad con pasaporte en vigor o caducado, y que la estancia en España podrá demostrarse mediante el sello en el pasaporte, certificados de empadronamiento u “otros documentos con validez legal”.
En el caso de la DA21, además, será necesario cumplir requisitos adicionales como acreditar la intención de trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, venir junto a la unidad familiar o aportar un informe de vulnerabilidad.
Sobre este último punto, el diputado destacó que la vulnerabilidad es un concepto jurídico reconocido en el área social que, en este proceso, se adapta a la realidad de las personas migrantes. Factores como la imposibilidad de acceder al mercado laboral o a la vivienda por motivos como el color de piel, nombre o acento pueden ser determinantes. Este informe, aclaró, puede ser emitido por entidades colaboradoras acreditadas o por administraciones públicas que tengan capacidad para ello.
Asimismo, explicó que el proceso introduce flexibilizaciones relevantes. Entre ellas, la eliminación de la limitación que obligaba a trabajar en un sector o territorio concreto, en línea con el principio de libre circulación de los ciudadanos, y la incorporación de medidas para la regularización de personas con hijos menores.
El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 30 de junio, “ya que a partir del 1 de julio entrará en vigor el nuevo pacto europeo de migración que dificultará la aprobación de medidas de este tipo sin respaldo parlamentario”, comentó.
Marcano también detalló el funcionamiento administrativo del proceso. Tras la solicitud, la Administración podrá conceder una autorización provisional que permite residir y trabajar mientras se resuelve el expediente. Una vez aprobada esta solicitud, se concede una autorización por un año, con fecha de inicio desde la concesión de la autorización provisional.
Además, incidió en que dos meses antes de que finalice ese permiso, se debe o renovar el permiso temporal o transformarlo a cualquiera de las figuras de arraigo previstas en la normativa. “Tienes que pasar un año en vía extraordinaria y una vez que pasa ese periodo, vienen dos años de vida ordinaria hasta la nacionalidad”, señaló.
Marcano insistió también en la importancia de aportar la documentación completa, y en caso necesario, acompañarla de escritos explicativos para que los funcionarios de la Dirección General de Gestión Migratoria, que es quien se encarga de resolverlo, puedan valorar la falta de cualquier información.
Moción en el pleno municipal de abril
El Grupo Municipal Socialista de Rivas Vaciamadrid llevará al pleno de abril, que se celebrará este jueves, una moción para mostrar su apoyo al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes.
Cabeza ha subrayado que esta iniciativa “es una oportunidad histórica para que miles de personas que ya viven entre nosotros y nosotras puedan salir de la economía sumergida, tengan derechos laborales y sociales y puedan desarrollar un proyecto de vida digna en nuestro país; también en nuestro municipio, en Rivas Vaciamadrid”.
La propuesta socialista destaca que el proceso aporta seguridad jurídica al sistema y advierte de la necesidad de implicación de todas las administraciones. En el municipio, destacan como claves departamentos como los Servicios Sociales o el Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía (SIAC).
Según han explicado, la moción plantea garantizar el adecuado funcionamiento de estos departamentos a través del refuerzo de la atención presencial o de los canales de acompañamiento en caso de ser necesario.
“Rivas ha sido siempre una ciudad acogedora y solidaria, y sabrá estar a la altura de esta medida que es positiva y que servirá, a su vez, para mejorar la cohesión social y el desarrollo económico de los municipios”, ha afirmado Cabeza.
Asimismo, ha solicitado a la Comunidad de Madrid que refuerce servicios como las oficinas del Consorcio Regional de Transportes, donde las personas migrantes pueden solicitar una memoria de recargas de su tarjeta de transporte público para acreditar su estancia de al menos cinco meses en España.
Desde el PSOE insisten en que la contribución de la población migrante tiene un carácter estructural, al sostener el empleo, reforzar el sistema de pensiones y favorecer la prosperidad compartida.
El PSOE también ha recordado que este proceso parte de una Iniciativa Legislativa Popular que logró reunir 700.000 firmas en el Congreso de los Diputados y cuya tramitación contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox, además de los sindicatos, la patronal y de instituciones como la Iglesia Católica.
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