El Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a indemnizar a Rivas Vaciamadrid con 451.399,52 euros por dejar de financiar la actividad educativa de la etapa 0 a 3 años entre el 11 de marzo y el 15 de mayo de 2020, meses que coincidieron con el confinamiento debido a la pandemia de Covid-19.
El alto tribunal ha fallado a favor del Ayuntamiento tras un recurso interpuesto por la administración local, que denunciaba la ruptura unilateral del convenio que regula esta etapa formativa en la ciudad, afectando en concreto a la actividad en Casa de Niños y las tres escuelas infantiles de Rivas. La sentencia establece jurisprudencia y confirma que la Comunidad de Madrid no podía modificar ni incumplir unilateralmente los convenios firmados con los ayuntamientos.
Durante el confinamiento, la Comunidad de Madrid había emitido inicialmente una orden decretando el teletrabajo para el personal docente y sugiriendo a los centros educativos que establecieran un modelo de enseñanza online. Sin embargo, la Consejería decidió que sus escuelas infantiles de titularidad autonómica y las concertadas interrumpieran sus clases y envió a sus trabajadoras a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
En contraste, el Ayuntamiento de Rivas mantuvo la actividad en sus escuelas infantiles «manteniendo el vínculo del alumnado con su profesorado y su entorno escolar de manera telemática y preparando materiales educativos para que las familias pudieran trabajarlos con sus hijos e hijas en casa», explican desde el Consistorio.
En este punto, la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, recuerda las declaraciones del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, quien afirmó que la educación infantil online era “un insulto a la inteligencia”. “Lo que de verdad fue un insulto a la inteligencia, y a muchas víctimas de la COVID, fue la gestión que hizo la Comunidad de Madrid durante la pandemia, también de las escuelas infantiles”, responde ahora la regidora.
Recorrido judicial
Tras la pandemia, el Ayuntamiento requirió a la administración regional la financiación de esta actividad docente en cumplimiento del convenio firmado por ambas partes. La Comunidad desistió de este cumplimiento, dejando de financiar una cifra que Rivas y el Tribunal Supremo han valorado en cerca de medio millón de euros.
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid presentó inicialmente una denuncia por incumplimiento de contrato ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que se pronunció a favor de la Comunidad de Madrid. Tras el pertinente recurso de casación, el Tribunal Supremo (TS) anuló la decisión del TSJM. dictaminando que la decisión adoptada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de forma unilateral «carece de amparo o cobertura legal».
La resolución del TS obliga a la CM «a cumplir con las obligaciones de financiación contraídas en dicho convenio de colaboración, con el consiguiente abono al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid de los gastos de Educación Infantil acreditados, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del curso escolar 2019-2020”.
En respuesta a una consulta de Diario de Rivas, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno regional ha confirmado que la Comunidad de Madrid acatará la sentencia del Tribunal Supremo.
«Una sentencia histórica»
Para el Ayuntamiento de Rivas se trata de una «sentencia histórica», ya que sienta jurisprudencia y establece la igualdad entre dos administraciones de distinto rango cuando mantienen un convenio de colaboración y que la ruptura de sus condiciones de forma unilateral no se ajusta a derecho.
Además, valoran que esta resolución refuerza el principio de autonomía local, al reconocer la capacidad de los ayuntamientos para gestionar sus competencias. “Demuestra que los ayuntamientos tenemos voz propia, que nuestras decisiones se respetan y que defender lo público desde lo local es defender la democracia”, ha destacado la alcaldesa de Rivas.
”Ahora podemos decir con claridad que el Tribunal Supremo condena a Ayuso por romper los convenios de manera unilateral y por las políticas de recortes que aplicó en lo peor de la pandemia”, concluye Castillejo, quien celebra que esta decisión permita a otros ayuntamientos que se hayan visto en la misma situación emprender los recursos administrativos y judiciales que les garanticen la financiación que les fue negada.
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