Los vecinos de Rivas Vaciamadrid, Willy Meyer y Yolanda Martín-Alameda, cuyos abuelos fueron obligados a realizar trabajos forzados durante el franquismo, han presentado sendas querellas, apoyados por el Ayuntamiento de Rivas y CEAQUA, con el objetivo de que se investiguen los casos de trabajo esclavo en la dictadura.
La sala Pedro Zerolo del Ayuntamiento de Rivas ha acogido la presentación de las querellas interpuestas por Willy y Yolanda con el objetivo de buscar «verdad, justicia y reparación», tal y como indicaban los familiares de las víctimas.
Las querellas se basan en acusaciones por crímenes de lesa humanidad, en concreto, de trabajo esclavo y se dirigen contra los responsables políticos y militares responsables de los trabajos forzosos. Aunque la acusación desconoce por el momento la identidad en concreto de los miembros de la cadena de mando responsables, exige que se produzcan investigaciones judiciales que arrojen luz sobre este punto.
Ante la imposibilidad de exigir una responsabilidad penal a los presuntos culpables, que se creen fallecidos en su totalidad, los acusados exigen responsabilidad civil tanto al Estado español como a su ejército. Además, piden que se investigue el posible beneficio de los trabajos forzados para terceros actores como las empresas encargadas de obras públicas en las que se produjeron este tipo de prácticas.
El abogado que respalda ambas querellas, Jacinto Lara, ha explicado que las querellas se han presentado ante las secciones de instrucción de los tribunales de instancia de Montijo (Badajoz) y Jadraque (Guadalajara). Desde la acusación, se contempla la posibilidad de que las demandas sean desestimadas como ha sucedido en más de un centenar de causas similares (tan solo cuatro querellas continúan su camino en la justicia ordinaria actualmente). Sin embargo, explican que en este caso recurrirán a todas las instancias superiores hasta llegar al Tribunal Constitucional y, en caso necesario, a la justicia internacional.
Juan y Willy: víctimas de trabajo esclavo durante el franquismo
El abuelo de Yolanda Martín Alameda, Juan Benjure Aivar, vivió en Tendilla, (Guadalajara), donde fue miembro fundador de la colectividad agraria de la localidad. Tras la guerra Civil, fue detenido en octubre de 1939, acusado de auxilio a la rebelión, por lo que fue condenado por un Consejo de Guerra el 15 de noviembre a 20 años de prisión, además de la inhabilitación absoluta, la incautación de todos sus bienes y el destierro. Cumplió condena inicialmente en la prisión de Guadalajara desde el 18 de noviembre de 1939 hasta 1942.
En este año, Juan fue trasladado y destinado al destacamento de penados del pantano de Pálmaces de Jadraque, dentro de lo que se denominó el sistema de «redención de penas por trabajo», como mano de obra forzosa. Tal y como cuenta su nieta, este preso y sus cerca de 80 compañeros, fueron obligados a trabajar en «condiciones de semiesclavitud». «Fueron alojados en barracones junto a las obras del pantano, en pésimas condiciones de vida, con alimentación deficiente, jornadas abusivas, vestimenta harapienta, condiciones sanitarias inexistentes, frío, castigos, golpes y muertes por enfermedad o accidente en el mismo pantano», explica Yolanda.
Willy Meyer Moll, cuyo nombre heredó su nieto, fue un ciudadano de nacimiento alemán que participó en la defensa de la República. Luchó como capitán de ingenieros en la defensa de Madrid, oponiéndose al golpe militar que su familiar describe como «monárquico-fascista».
Tras la derrota republicana, fue detenido y procesado bajo la misma acusación que Juan. Fue condenado a muerte, aunque esta pena fue conmutada por 30 años y un día de prisión. «Tenía solo 45 años cuando le despojaron de todo. Le quitaron la libertad, su familia, su dignidad y sus derechos. Le esclavizaron», asegura Maite, también nieta de Billy en una carta leída por su hermano.
Como parte de su condena, Billy Meyer Moll fue destinado a colonias penitenciarias en Montijo y Tudanca para realizar trabajo esclavo en obras públicas. En el caso específico que motiva la querella, se le obligó a participar en la construcción del canal de regadío del Guadiana en la localidad de Montijo
Apoyo del Ayuntamiento de Rivas y CEAQUA
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid mostró su compromiso con los demandantes, adhiriéndose a las querellas tras la aprobación de una moción en el pleno municipal en febrero. La alcaldesa, Aida Castillejo, agradeció familiares de las víctimas «su empuje» para hacer realidad las querellas. «Lo que hoy venimos a presentar aquí no es solo un acto jurídico, es un acto de memoria, es un acto de dignidad y es un acto de justicia», aseguraba Castillejo.
Por su parte, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), a través de su representante Rosa Pérez, situó estas denuncias en el marco de la campaña «50 años de impunidad, ni uno o más». La organización recordó que, a pesar de la Ley de Memoria Democrática, la impunidad sigue vigente, lo que exige la adopción de medidas legislativas complementarias para revertir el modelo de impunidad del Estado español. CEAQUA, que ya lleva presentadas alrededor de 120 querellas por crímenes como torturas, bebés robados y trabajo esclavo, insta a los poderes ejecutivo y legislativo a eliminar los obstáculos que impiden la tutela judicial efectiva para las víctimas. «Para nosotros son 50 años de impunidad y queremos que no haya ninguno más», subrayaban desde la cooperativa.
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