Edificio de Lazora de la calle de Juan Gris número 26 (©Diario de Rivas)

Los vecinos de la calle Juan Gris, 26, en Rivas Vaciamadrid, están abandonando sus viviendas en un ‘éxodo’ silencioso que dura ya varios meses. La empresa con la que mantienen un contrato de alquiler con precio protegido desde hace una década, Lazora, ha anunciado a la mayoría de los vecinos que deben abandonar su vivienda.

La vivienda fue incluida en 2007 en el Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid, que perseguía paliar las dificultades de acceso a la vivienda de los jóvenes madrileños y de otros colectivos con pocos recursos. Azora y Larcovi (hoy fusionadas en el fondo de inversión Lazora) invirtieron en aquel momento mil millones de euros en 9.000 viviendas sociales por toda España, cuyos alquileres pasaron a gestionar. En el caso de las viviendas madrileñas, un acuerdo con el Gobierno regional les permitió incluirlas en el plan. El edificio de Juan Gris, 26 es uno de los que comenzaron a ofertarse en aquel momento. Y justo en 2018 se cumplen los diez años previstos de duración del acuerdo con la Comunidad de Madrid.

Así, desde principios de año, decenas de inquilinos de estos bloques comenzaron a recibir notificaciones para que abandonaran sus viviendas al término del contrato. Manuel (nombre ficticio), uno de los afectados, vive allí desde hace cinco años. La pasada primavera recibió un burofax comunicándole que este otoño debía abandonar su vivienda. “No nos ofrecen ninguna alternativa. Tengo una situación familiar muy delicada y lo que quiero es quedarme aquí. Me da igual que me cobren un poco más de alquiler; incluso estaría dispuesto a comprar la casa, pero la empresa no nos contesta. Prefiere vaciarla, reformarla y venderla a precio de mercado”, lamenta.

A día de hoy, los inquilinos pagan un alquiler de precio protegido que oscila entre los 400 y 550 euros, aproximadamente. “La empresa se limita a pedirnos las llaves al término del contrato. A algunos no les ha importado y se han marchado a otros pisos; incluso hay vecinos que han mejorado su situación y se han ido a otra vivienda sin problemas. Pero para quienes tenemos dificultades no hay alternativas. Con los precios de alquiler que hay ahora, tenemos que irnos de Rivas”, dice Manuel. Este vecino continúa solicitando a Lazora una prórroga del contrato, o la posibilidad de adquirir la vivienda, “pero, de momento, lo único que han hecho es pedirme las llaves”, asegura.

Los padres de José María, un vecino de Rivas que se acogió al plan de vivienda protegida para poder tener a sus progenitores, ya mayores, cerca de su domicilio, es similar. Los dos octogenarios cumplirán diez años en este edificio el próximo mes de diciembre. “Tras mucho insistir, Lazora nos ofreció una prórroga de dos meses, pero la hemos rechazado porque no nos soluciona nada. Al final nos hemos buscado la vida y hemos reservado una vivienda de alquiler a un precio mucho más alto, con tal de que puedan vivir cerca de mi domicilio”, apunta.

Las quejas de los vecinos de estos bloques no terminan ahí. “No nos contestan o nos dan información confusa. Un día corre el rumor de que van a vender las viviendas; otro, se dice que ya las han vendido…”, relata Manuel. “Además, es habitual que se queden con el dinero de la fianza con cualquier excusa”, asegura otra exinquilina que vivía en el edificio de Manuel Azaña, también gestionado por Lazora, ya vacío. “No solo hemos estado todos estos años pagando el IBI y el seguro de cada casa, sino que además nos han abandonado desde hace años”, apuntan otros vecinos. El portal de Juan Gris, cada vez más solitario por la marcha paulatina de sus habitantes, casi ya no tiene bombillas y las ‘zonas comunes’ (un pequeño parque infantil y un terreno ajardinado) aparecen descuidadas. “Detrás de mi plaza de garaje hay una tubería que lleva cuatro años goteando aguas fecales y no la han reparado”, añade otro vecino. Robos “frecuentes” en los garajes y en las viviendas son otros de los problemas de los que se quejan los inquilinos.

Este digital se ha puesto en contacto con Lazora en reiteradas ocasiones para preguntar por la situación del edificio, pero no ha obtenido respuesta. En cuanto a la Comunidad de Madrid, fuentes regionales afirman que “se garantizará el precio protegido durante todo el período que dure la protección; pero, una vez expirado ese plazo, la empresa puede hacer lo que quiera con las viviendas”. Por otro lado, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ofrece una labor de “acompañamiento” a los vecinos afectados que se acerquen a los recursos municipales para pedir asesoramiento.